domingo, octubre 29, 2006

«Los casos de corrupción urbanística afectarán mucho al voto en la urna»

PEDRO BOLÍVAR COORDINADOR PROVINCIAL DE IZQUIERDA UNIDA

El coordinador provincial de IU anuncia que la coalición investigará la política urbanística de toda la provincia


Hace meses que venimos conociendo novedades del caso Malaya de Marbella. Seguidamente, se destapó el caso Seseña en Toledo. Tras la polémica de la urbanización de Las Higuericas en Hellín, Izquierda Unida dio a conocer esta semana nuevos episodios de presuntas corrupciones urbanísticas en la provincia. Su coordinador provincial Pedro Bolívar advierte de que la coalición seguirá investigando para «seguir destapando» todas aquellas actuaciones urbanísticas irregulares que se hayan cometido en esta provincia.

-La corrupción es añeja en España y, sin embargo, parece como si ahora se hubiera descubierto de nuevas. ¿Era una bomba a punto de estallar y lo ha hecho a pocos meses de las elecciones?

-Creo que mi opinión puede ser bastante acertada: la corrupción no es nueva, tiene bastante años en este país, pero se ha desarrollado enormemente gracias a la Ley del Suelo que aprobó el PP en su primera legislatura, con la que convierte a toda España en urbanizable, lo que da pábulo a que se reparta dinero y se generen beneficios inconmensurables.

-Habla de una Ley del Suelo de 1993. ¿Por qué salen ahora a la luz pública estas irregularidades?

-No han salido antes porque no le interesa a los dos principales partidos, PSOE y PP. El que ahora aparezca el «y tú más» es porque lo de Marbella es tan desmesurado que era imposible que pudiera resistir más tiempo. Y lo que desencadenó definitivamente todo esto fue el caso de Seseña, porque a partir de ahí ya se empiezan a acusar, alguno empieza a levantar los pies del otro y los medios de comunicación se dan cuenta de la importancia que tiene y empieza a dedicar periodistas a investigar. Y claro, cuando los medios de comunicación empiezan a investigar ya no se puede ocultar nada.

-Si la Ley del Suelo es tan perjudicial, ¿por qué el PSOE no la reforma en cuanto asume el Gobierno?

-En cuanto el PSOE asume el Gobierno, IU da su voto favorable a los primeros Presupuestos Generales del Estado con la condición de que haya una nueva Ley del Suelo, que ahora está en el parlamento. Pero es cierto que se ha tardado mucho y, además, hemos tenido que incluir muchas enmiendas porque se quedaba coja, pero estoy convencido de que con esta Ley el panorama urbanístico en España cambiará de forma radical.

-¿Pero no resulta paradójico que, a pesar de que estamos asistiendo al boom de la construcción, el precio de la vivienda siga subiendo?

-Es curioso que en la costa levantina se esté construyendo tanto como entre Inglaterra y Alemania juntos y esto es una barbaridad. Sin embargo, en un momento en el se construye más que nunca en este país resulta que el precio de la vivienda se dispara durante todo ese periodo de una forma tremenda. Pero claro, el dinero no sale de la nada, hay que pagar todo lo que ha habido de corrupción y ganancias superfabulosas, pero además es que no se obliga a construir vivienda de protección oficial. Tampoco el Gobierno ha sabido tomar en sus manos el problema de la vivienda. Está claro que la única forma de intervención de una administración pública en el mercado de la vivienda es poner a disposición de mucha gente vivienda mucho más barata. Pero claro, no tienen mucho sentido leyes como la LOTAU de Castilla-La Mancha que establece que sólo los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes están obligados a dedicar el 40% de un PAU a vivienda protegida. De hecho, en todo este periodo se han construido poquísimas viviendas de VPO.

-¿Cree realmente en la indignación de los ciudadanos?

-Primero, es obligado denunciar todo lo que haya de corrupción en la vida pública y, segundo, estoy convencido de que polémicas de este tipo hacen que la democracia se resienta. Por lo general, el ciudadano deduce que todos los políticos son iguales, que la corrupción es inherente a los cargos públicos Esto es falso: la corrupción está en la sociedad y el político es parte de ella. No digo que cuando un político es corrupto no sea moralmente mucho más atacable que cuando lo es un ciudadano que no ostenta ninguna representación pública, pero, sea como sea, hay que atajarla, porque si no la democracia se va pervirtiendo y desprestigiando. Izquierda Unida lo que quiere es ir orientándolo al revés, es decir, exigiremos que se pongan los medios posibles legales y normas éticas para cargos públicos para evitar que se siga produciendo la corrupción y destapar toda la que hay.

-¿Afectará a la participación en las elecciones de mayo de 2007?

-Desgraciadamente sí, los casos de corrupción urbanística afectarán seriamente al voto en la urna. Por este motivo, vamos a lanzar una campaña para intentar aclarar que IU no está metida en este tinglado. En los últimos años, la participación ciudadana en las elecciones ha ido disminuyendo y eso se traduce en que la gente no vota porque no se siente representada; es una especie de sanción a todos los partidos.

-¿Se centrará IU de Albacete en investigar las políticas urbanísticas en esta provincia?

-Sí, vamos a investigar en toda la provincia. En principio, el caso de Elche de la Sierra probablemente no sea tan grave como creíamos al principio y el de Ossa de Montiel habrá noticias nuevas en muy pocos días. En el caso de Las Higuericas de Hellín queremos diferenciar la corrupción de una mala gestión. El caso de Hellín es una política urbanística equivocada, porque dejarse deslumbrar por ese tipo de islas urbanísticas es un error desde todos los puntos de vista: histórico, medioambiental, económico, social, organización del territorio Las islas urbanísticas no tienen ningún sentido para el crecimiento ordenado de las ciudades.

-Hace ya algún tiempo Izquierda Unida anunció que recurriría el proyecto de urbanización de La Losilla entre Chinchilla y Albacete. Un recurso del que nunca más se supo y que ahora vuelve a la actualidad, ¿qué ocurrió con esta intención?

-Nosotros nos guiamos por nuestros servicios jurídicos que, por cierto, están especializados en urbanismo. Hay un momento en el que hay que presentar este recurso y parece que todavía no ha llegado, pero que no quepa duda que IU presentará sus alegaciones.

-¿En qué estarán basadas?

-El contenido de las alegaciones no lo conozco, pero lo que tenemos claro desde IU es que La Losilla no tiene ningún sentido para el crecimiento de Chinchilla, porque si este municipio quiere crecer lo normal es que lo haga alrededor de su núcleo urbano; no entendemos tampoco lo de los campos de golf y su gasto de agua y, además, será un problema ecológico para Albacete, porque serán centenares los coches que se desplacen a diario y que consumirán litros y litros de gasolina inútilmente. Y, sobre todo, porque este tipo de urbanizaciones de lujo son un pelotazo que no se puede consentir.

Los Jaime I

RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN/

Los Premios Rey Jaime I son los más prestigiosos del país después de los Príncipe de Asturias y acaban de entregarse en Valencia en un acto que ha presidido la Reina y que no ha tenido la repercusión mediática nacional que objetivamente se merece. Lo de menos, con ser destacable, es la presencia de doña Sofía, muy acertada al constatar que estos seis galardones a eminentes personajes de la ciencia y la investigación premian grandes esfuerzos hacia el progreso y la solidaridad. El prestigio de los jurados, de los que forman parte 18 Premios Nobel, garantiza la independencia y objetividad en la elección de los mejores en investigación (Francisco Reinoso Suárez), investigación clínica (Xavier Bosch), protección del medio ambiente (Rafael Fernández Rubio), economía (Luis Ángel Rojo), nuevas tecnologías (José Francisco Duato Marín) y urbanismo, paisaje y sostenibilidad (Antonio Lamela).

Los más solicitados por la prensa han sido Fernández Rubio y Antonio Lamela. El primero, autor de proyectos de medio ambiente en más de 40 países, denunció el desorden urbanístico que ha afectado a toda la costa mediterránea y no sólo a la de la Comunidad Valenciana, lo que no exculpa a los responsables del desaguisado, que no son los políticos exclusivamente. Los fallos en la ordenación del territorio, en general, se deberían a aspectos económicos y sociales, algo en lo que insistió el arquitecto Lamela, si bien éste, además de pedir educación de la sociedad y de los ciudadanos desde niños en el respeto al paisaje, denunció que la construcción en la costa se ha hecho sin control, con una desarmonía fruto de la descoordinación entre las diferentes administraciones.

A la vista de lo que está ocurriendo estos días en torno a las ilegalidades urbanísticas, con los partidos políticos enfrentados a muerte, acusándose mutuamente de liderar supuestas corruptelas, no hay lugar para la esperanza. Llevan razón los premiados Fernández Rubio y Lamela cuando aconsejan a los políticos que se dediquen a hacer política y que dejen cumplir con su cometido a los técnicos en urbanismo y ordenación del territorio. Pero no les harán caso ni aquí, ni en el resto de España.

Supongo que las declaraciones de estos dos premiados con el Jaime I habrán levantado algunas ampollas en las altas esferas políticas, especialmente en el Consell, por más que Esteban González Pons haya iniciado una nueva etapa de impulso a la sostenibilidad del urbanismo y de guerra a muerte a las ilegalidades. Ese es el único camino que hay que andar. Si lo hace, se tendrán que comer sus acusaciones de oportunismo electoralista el esquerraunidista Oltra y el socialista Perelló. Demos tiempo al tiempo.

250 expertos participarán en el II Foro Internacional de Urbanismo en Riojaforum

El II Foro Internacional de Urbanismo 'Territorios 21', que se celebrará en Riojaforum los próximos días 2 y 3 de noviembre, cuenta ya con 250 inscritos.

Los arquitectos señalan que la Ley de Suelo abre un debate de "incalculables proporciones"

El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Carlos Hernández, considera que el proyecto de la Ley de Suelo abre, "por fin", un debate de "incalculables proporciones", por cuanto recoge medidas para hacer efectivos los derechos contenidos en el estatuto de los ciudadanos, "que recoge sus garantías constitucionales en la materia y les da entidad jurídica real en el acceso a la vivienda".


Europa Press
29/10/2006 (13:30h.)

Así lo señala en un artículo publicado en la revista 'Profesiones', en el que subraya que este debate debe complementarse con una "política integral" del Gobierno, ya que el suelo "todavía no parece tener el perfil obvio de gran problema nacional".

Para Hernández, la nueva normativa, actualmente en trámite parlamentario, plantea "adecuadamente" nuevas fórmulas de transparencia y participación ciudadana, valoraciones reales de suelo y una movilización "ordenada" de los recursos disponibles.

Por otra parte, el Gobierno debería mejorar, a su juicio, la financiación local, así como introducir nuevas medidas fiscales sobre el suelo y el dinero negro, y apostar por la lucha contra la delincuencia organizada.

Concretamente, el presidente del CSCAE engloba todas estas iniciativas en un "cambio cultural" que ha de modificar las legislaciones sobre gobierno local, financiación, hacienda pública, etc. para "cortar de raíz" los delitos contra el territorio y ordenar el "urbanismo descontrolado".

Asimismo, defiende la iniciativa pública sobre el suelo, así como el aumento del patrimonio municipal e insta a la sociedad a asumir que la Ley de Suelo "es un proyecto vital para alcanzar las ideas compartidas por la mayoría sobre transformaciones estructurales de los problemas urbanos de España".

sábado, octubre 28, 2006

El PP apoya una operación urbanística que permite ganar 100 millones al Valencia CF

Los escándalos urbanísticos

El pleno del Ayuntamiento de Valencia, que gobierna Rita Barbera, del PP, debate hoy una de las operaciones urbanísticas de mayor calado de los últimos años. El plan permitirá al Valencia Club de Fútbol construir un nuevo estadio en una parcela que se privatiza e ingresar más de 300 millones de euros por el aprovechamiento inmobiliario que surgirá tras el derribo del campo de Mestalla. La doble recalificación urbanística, que hoy iniciará su exposición al público para alegaciones, enfrenta al PP con la oposición de socialistas y EU-L'Entesa, que denuncian que el pacto entre el Valencia CF y el Ayuntamiento prima los intereses del club. Los vecinos del futuro estadio alertan del aumento del tráfico y el ruido.


EL PAÍS, viernes 27 de octubre de 2006

SARA VELERT, Valencia.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la oposición lo habían avisado. La ampliación del Estadio de Mestalla no era legal y la justicia la invalidaría. Así fue. En octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia anuló la modificación del plan general que permitió al Valencia CF, en 1998, ganar localidades y marcó la salida de una carrera de fondo por construir un nuevo recinto para la entidad deportiva más influyente de la Comunidad Valenciana. El club necesitaba otro estadio y el Ayuntamiento, dirigido por Rita Barbera (PP), haría lo posible por conseguírselo. Y así ha sido.

El gobierno local de Barbera apoyará hoy con sus votos, los de la mayoría, un paso decisivo hacia ese objetivo. El pleno prevé aprobar la exposición pública de los planes de una doble operación urbanística de gran calado pactada con el presidente del Valencia CF, Juan Soler: la recalificación del solar de Mestalla, donde el club logra edificabilidad para construir 750 viviendas y un gran área comercial, y la privatización de una parcela pública en la avenida de las Cortes Valencianas para alojar el nuevo campo, que el equipo espera estrenar en 2009.

La operación, denuncian el grupo de EU-L'Entesa y asociaciones vecinales, es un traje a la medida del accionista mayoritario del Valencia, una sociedad anónima. Otro más, porque la Generalitat, también del PP, intervino para culminar lo que el propio Soler bautizó como "pelotazo urbanístico" en Riba-roja, donde se levantará la nueva ciudad deportiva del Valencia CF junto a 2.700 viviendas.

"Absoluta tranquilidad"


Los socialistas también se oponen al plan. Los populares rechazan de plano un supuesto trato de favor; al contrario, afrontan la recta final del proyecto "con una absoluta tranquilidad y serenidad" de que cumple la legalidad urbanística. Tras la votación de hoy, el plan saldrá a información pública para la presentación de alegaciones.

¿La recalificación de Mestalla, tal como sale a exposición pública, se ajusta a los intereses generales? No, responden socialistas y EU-L'Entesa, que consideran que se han puesto por delante los del club deportivo. Soler no ha ocultado que los ingresos inmobiliarios que aportará la venta de la parcela de Mestalla como suelo residencial son sustanciosos, y superan los 300 millones de euros que algún consejero eufórico y otras fuentes del club han elevado incluso por encima de los 500. El nuevo estadio costará 200 millones de euros, con lo que el Valencia ganaría un mínimo de 100 millones con la operación —aunque ayer el club elevó el coste del futuro recinto—.

Un negocio redondo cuyos números se han cuadrado "a martillazos", asegura el portavoz socialista, Rafael Rubio, que ha presenta do un recurso contencioso-administrativo contra el pacto del Ayuntamiento con Soler. El Valencia pretendía una edificabilidad de 90.000 metros cuadrados de techo y el Ayuntamiento le concede 89.380,44. La parcela que ocupa Mestalla ronda los 31.000 metros cuadrados de superficie, por lo que le correspondían, desde una perspectiva estricta, 55.800 metros cuadrados de edificabilidad al recalificar. Los socialistas hubieran considerado aceptable partir de esa cifra, pero el PP ha consensuado con el Valencia CF un ámbito de actuación urbanística que incluye las calles adyacentes al estadio y edificaciones consolidadas.

El gobierno local defiende que es necesario reordenar esta macro-parcela, en la que se redistribuyen una zona verde y equipamientos —la mayoría en suelo público—, y de la que resultan los metros cuadrados de aprovechamiento residencial y terciario apetecidos por Soler. Unas 3.000 personas vivirán en nueve torres de 16 alturas. El club ha diseñado un área comercial de 13.471 metros cuadrados que puede casi triplicarse con entreplantas. En el subsuelo, se ofertarán 1.600 aparcamientos. Del desarrollo de la urbanización se hará cargo el Ayuntamiento, pero la actuación se retrasará hasta 2009, cuando el Valencia CF estrene estadio en el suelo de Cortes Valencianas que también se recalifica para su uso exclusivo (69.571,13 metros).

Soler no tendrá que esperar mucho para hacer caja: en cuanto la Generalitat apruebe definitivamente el plan de Mestalla, el promotor podrá vender al mejor postor el suelo con sus derechos de edificabilidad. El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos? Nada, aseguran vecinos que compraron sus pisos junto a un solar reservado a dotación pública que ocupará el club. De nuevo un estadio en la ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un suelo público en zona urbana que será sustituido mediante parcelas por definir. "¿Acaso no es un beneficio para la ciudad el disponer cuando lo necesite de un estadio sin que le haya costado un céntimo?", se pregunta el teniente de alcalde, Alfonso Grau. Hoy defenderá que Valencia gana, al igual que Soler, que ayer se reunió con los dirigentes socialistas para defender su aportación a las dotaciones públicas en Mestalla —más un polideportivo gratis— y una edificabilidad que considera le toca. El partido aún no ha terminado.


El propietario del club da otro 'pelotazo' con la ciudad deportiva


EL PAÍS. Valencia La operación de Mestalla está ligada a otro polémico proyecto urbanístico, en este caso en Riba-roja, a 20 kilómetros al oeste de la capital, donde el Va¬lencia CF adquirió terreno para su nueva ciudad deportiva. Pero el proyecto del club no se limita a la instalación deportiva, sino que lleva aparejado un Programa de Actuación Integrada (PAI) que prevé la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Todo ello en unos terrenos que Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del club, compró por 36 millones y que poco después, el año pasado, vendió al grupo inmobiliario Nozar por 168 millones, una operación en la que un directivo del club liga¬do a la promotora actuó de mediador. El propio Soler reconoció que la operación fue "un pelotazo": ganó 130 millones.

El PAI salío adelante gracias a un pacto a tres bandas entre el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco, el pro¬pio Soler y el alcalde de Riba-roja y presidente del PP de la comarca del Camp de Túria, Francisco Tarazona. Y no sin polémica. Los grupos ecologis¬tas denunciaron el expolio del valle de Porxinos. El plan recibió cientos de alegaciones y se aprobó con el informe negativo de la Confederación del Júcar por falta de agua.

Presumir de 'pelotazo'

Al presentar el acuerdo, el 25 de abril de 2005, Blasco defendió el PAI e intentó matizar la sinceridad de Soler, que había presumido abiertamente del "pelotazo". "En Riba-roja no se ha dado ningún pelotazo. Esto nunca será consentido por la Generalitat", dijo.

Los socialistas acusaron a Blasco y al alcalde de propiciar un acuerdo ilegal y de engañar a los ciudadanos. Y recientemente han presentado una querella contra el primer edil de Riba-roja y dos sobrinos suyos, también concejales, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del PAI: el Ayuntamiento vendió su parte del aprovechamiento urbanístico a Soler y no destinó el dinero al patrimonio público de suelo. Además, familiares del alcalde compraron suelo en la zona de expansión del plan de Porxinos y en puntos antes de la aprobación de los proyectos. Durante la tramitación del plan salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de la aprobación.

Huelga general contra la especulación urbanística

Cuevas del Becerro se paraliza para exigir a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto de 800 chalés

Los vecinos temen que la urbanización afecte al acuífero del que se abastece el pueblo

f. J. pérez, Málaga


Cuevas del Becerro organi­
zó ayer, con éxito, la prime­ra huelga general contra la especulación urbanística en España. Los tres bares y restaurantes de esta loca­lidad, de 1.853 habitantes y a 90 kilómetros de Mála­ga, cerraron todo el día. Lo mismo sucedió con la escuela de primaria, el consultorio médi­co, la gasolinera y la herrería; y los viajeros que ayer quisieron com­prar sus típicos quesos de cabra en las tiendas del pueblo tendrán que volver en mejor ocasión. A la hora de comer, Cuevas era un pueblo fantasma.


Los convocantes del paro¿ enca­bezados por la alcaldesa, Isabel Te­resa Rosado (IU), reclaman a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto urbanístico que prevé 800 chalés de lujo con parcelas de 4.500 metros cuadrados, dos cam­pos de golf y dos hoteles en el para­je de Los Merinos Norte, del veci­no municipio de Ronda y que ac­tualmente no dispone de agua. La urbanización se levantará sobre el acuífero que abastece a Cuevas y a otros dos municipios, Arriate y Se-tenü, que suman unos 10.000 habi­tantes. "La especulación amenaza el acuífero", alerta la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua.

La Cuenca Mediterránea An­
daluza —antigua Confederación Hidrográfica del Sur— denegó al proyecto urbanístico una conce­sión para captar agua del acuífero, que se encuentra ya sobreexplota-do. "A pesar de todo, se están ha­ciendo perforaciones, aunque han parado un poco al ver las moviliza­ciones. Pero si continúan ponen en peligro tanto el abastecimiento urbano como la calidad de las aguas subterráneas", denuncia la regidora.


"No es que nos quiten el agua, sino que además van a mear en lo alto del acuífero", describe en cla­ra prosa Diego Ramírez, vecino de Cuevas. Miguel Ángel Carrillo, abogado de Ecologistas en Ac­ción, lo explica más científicamen­te: "La composición de los terre­nos, de roca caliza, hace que las aguas fecales de la urbanización se filtren hacia el acuífero y lo conta­minen".

Los promotores de Los Meri­nos negaron ayer que su discutido proyecto vaya a causar daños en el enorme pozo subterráneo. "El 27 de julio, el Ayuntamiento de Ronda aprobó el convenio que garanti­za que los campos de golf se rega­rán con el agua reciclada proceden­te de la depuradora de Ronda, y el suministro humano se realizará desde la red general de abasteci­miento de esta ciudad", señalan fuentes de la empresa.


En Cuevas del Becerro no lo tienen tan claro. La estación depu­radora de aguas residuales de Ron­da, con cuyas aguas se regarán su­puestamente los campos de golf, aún no está terminada. "Además, el hecho de que Los Meri­nos esté a nueve kilóme­tros del núcleo urbano de Ronda hace muy complica­do llevar el agua hasta allí, porque habría que salvar grandes desniveles, expro­piar fincas particulares e instalar estaciones de bom­beo", afirma Carrillo. El único momento en que hu­bo cierto movimiento ayer en Cue­vas del Becerro fue a mediodía. Unas 650 personas, muchas de ellas con banderas y pañuelos azul celeste, recorrieron el camino que separa el Ayuntamiento del paraje deíNacimiento, un rebosadero del acuífero, en el que se abastece el pueblo, y al que hasta 1959 se iba a buscar agua y a lavar la ropa.

Los manifestantes corearon gri­tos de apoyo a la alcaldesa, que esta semana ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad documental, prevari­cación y malversación por una re­cién creada Asociación para la De­fensa y Legalidad Urbanística y Medioambiental, bajo la cual apa­rece un promotor urbanístico de Ronda. "Es una campaña de aco­so impresentable", afirma Teresa Rosado.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía impugnó ante el juez la aprobación que el Ayuntamiento de Ronda, goberna­do por el andalucista Antonio Ma­rín Lara, dio al proyecto de Los Merinos y pidió su suspensión cau­telar. Según el Gobierno autóno­mo, los promotores no se ajustan a los condicionantes medioam­bientales, que les impiden urbani­zar más del 25% de la finca. Los ecologistas denuncian que el com­plejo se comerá más del 60% y el encinar mejor conservado de la provincia de Málaga.

Sufrirnos un atraco que se llevará nuestra riqueza a bancos, promotores y corruptos

EL PAÍS, viernes 27 de octubre de 2006.

Los escándalos urbanísticos


RAFAEL MÉNDEZ, Madrid


Manuel Villoría (Madrid, 1957), catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Car­los, coordina la sección española del estudio sobre corrupción que cada año hace la ONG Transpa­rencia Internacional. Villoría ase­gura que la corrupción es una consecuencia del sistema de urba­nismo, en el que "una decisión administrativa genera millona­rios beneficios privados".


Pregunta. Prolifera la corrup­ción urbanística.


Respuesta. Sí. Es una tragedia pero es bueno que se haga públi­co. No es un problema de Marbella, que no es un caso aislado, sino de todo el sistema.


P. ¿Por qué?


R. Porque España es el único país en el que la decisión adminis­trativa de recalificar un suelo ge­nera plusvalías millonarias que van al dueño del suelo. Y es el único país en que la urbaniza­ción la hacen promotores priva­dos. En otros países se expropia un terreno rústico por lo que va­le y la Administración encarga la urbanización.


P. ¿Cree que habría que expro­piar un terreno por poco dinero y encargar a la constructora que levante los pisos?


R. Exactamente. La clave del
sistema español y lo que ha propi­ciado esta situación es que los propietarios del terreno reciben la plusvalía de una decisión admi­nistrativa, cuando los beneficios deberían ser compartidos. Una decisión pública no puede gene­rar enormes beneficios privados.


P. ¿Por qué no se hace?


R. Por que el sistema está mal diseñado desde el principio. Las plusvalías son del dueño del sue­lo porque en el siglo XIX el Go­bierno pactó con los terratenien­tes que ellos ganarían dinero. Ahora, como una decisión admi­nistrativa genera millones de be­neficios aparece la corrupción.


P. ¿Qué opina de los conve­nios urbanísticos, en los que un ayuntamiento recalifica un suelo a cambio de dinero?


R. Son un nido de corrup­ción. No es sólo que alteren un plan de ordenación urbana dise­ñado para toda la ciudad. Es que sólo con decidir que la cantidad que cobra el ayuntamiento se re­cibirá un año más tarde supone millones de euros. Son consecuen­cia de la nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que acep­tó los convenios en los 60.


P. ¿Está tan extendida la co­rrupción?


R. Ya hay redes estables de co­rrupción que saltan de un lugar a

otro, con informadores, y gente que se mueve hasta que contac­tan con un concejal o alguien que conoce el sitio. Juan Antonio Ro­ca [presunto cerebro de la trama de Marbella] venía de Murcia y allí sus socios controlan el suelo. La corrupción es sistémica.


P. ¿Y la Justicia?


R. El sistema judicial no sirve contra la corrupción. Oigo a polí­ticos decir que se tiene que apli­car la ley. Si ya se aplica, pero con 15 años de retraso, como en Mar-bella. Convendría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal "Una decisión pública, una recalificación, no debería generar enormes beneficios privados" y el Código Penal para estos deli­tos. Aplicar la ley no es eficaz y hay que tomar medidas radicales.


P. ¿Por ejemplo?


R. Los concejales entregan su declaración de bienes e intereses al secretario municipal, un funcio­nario que no va a investigar y que lo guarda en una caja. Así los ciu­dadanos no saben cuáles son sus bienes y sus intereses. Pero tampoco Hacienda. Si Hacienda mirase los bienes de esos alcaldes y conce­jales saldrían 5.000 o 6.000 casos, a investigar.


P. ¿Y los bancos que finan­cian las obras, los notarios que dan fe en las compraventas, el Gobierno, que construye las in­fraestructuras donde las necesi­tan los promotores?


R. Todo el sistema contribu­ye. Los españoles hemos sufrido un atraco brutal durante 15 años que se llevará un tercio de nues­tra riqueza durante los próximos 15 hacia los bancos, los dueños del suelo, los especuladores, los promotores y los corruptos. Sin contar con el coste ambiental, de pérdida dé calidad de vida, la pér­dida del paisaje...


P. Dice que las recalificacio­nes masivas y la urbanización a destajo son malas, pero si un al­calde de la costa hiciera lo contra­rio, perdería las elecciones.


R. Es cierto. En Valencia, don­de el naranjo ya no es rentable, hay una presión enorme por ur­banizar. Los agricultores quieren que les recalifiquen. Eso supone enriquecimiento a corto plazo y empobrecimiento en unos años.


P. En su informe dice que hay partidos políticos que son una pantalla de los promotores.

R. El ejemplo más claro es el GIL pero hay más. No es fácil de mostrar la relación, pero basta ver los partidos independientes que han proliferado en la costa y en zonas con presión urbanística y cu­yo fin es gestionar el urbanismo.


P. Los casos de corrupción sa­len ahora, pero en la calle era evidente.


R. La gente sabía que su alcal­de o ex alcalde había alimentado su patrimonio o que negociaba con un promotor Sin embargo creo que los políticos de alto ni­vel no eran tan conscientes. El otro día estuve con Jordi Sevilla y creo que desconocía el nivel de corrupción que está aflorando. Y eso que es ministro de Adminis­traciones Públicas y de Castellón.

España se sitúa a la cola de la UE en el cumplimiento del protocolo de Kioto

Con las actuales políticas, España no podrá cumplir esos compromisos

España no podrá cumplir los objetivos fijados en el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con las políticas que aplica en la actualidad, según un informe de la Comisión Europea. Es más, España es el país más alejado de los citados objetivos, según el informe. El documento, que pasa revista a las emisiones de gases de efecto invernadero en los estados miembros de la UE hasta 2004, pone de relieve que Austria, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal tampoco podrán cumplir esos compromisos. Kioto establece que los 15 países que formaban la UE antes de 2004 deberán reducir esas emisiones un 8% entre 2008-2012 con respecto a los niveles de 1990.

EFE. BRUSELAS.

El Protocolo autoriza a España a incrementar en ese periodo sus emisiones hasta un 15% de la cifra que registraba en 1990.

Sin embargo, las previsiones existentes permiten estimar que, teniendo en cuenta las políticas actuales, las emisiones de gases de efecto invernadero en España en 2010 estarán un 51,3% por encima de las registradas dos décadas antes.

Y lo que es peor: con la aplicación de las medidas suplementarias ya contempladas, España seguirá superando en el mismo porcentaje los niveles de 1990, según el informe.

Sanciones de la UE

La situación mejoraría ligeramente con la puesta en marcha de los mecanismos previstos en Kioto (lograrían una reducción del 6,9% de las emisiones) y con los planes de reforestación (-1,9%), a pesar de lo cual España seguiría superando las emisiones autorizadas en un 27%.

La portavoz comunitaria de Medio Ambiente, Barbara Hellferich, alertó de que el incumplimiento por parte de los países de los compromisos fijados en Kioto podrá conducir a sanciones a nivel comunitario, que eventualmente se podrán acompañar de otras en el ámbito internacional, tal como prevé el Protocolo.

Añadió que los siete países que incumplen los objetivos deberán hacer un «enorme esfuerzo» por corregir la situación e indicó que la CE les ayudará mediante el control y asesoramiento de las medidas que apliquen.

El documento indica que también seguirán superando los límites aunque apliquen medidas adicionales Austria (+3,3%), Dinamarca (+4,2%), Grecia (+24,9%), Irlanda (+29,6%), Italia (+4,1%, y Portugal (+42,7%).

En el conjunto de la UE, la aplicación de las actuales políticas logrará una reducción del 4,6% en 2006, mientras que sumándolas a las medidas adicionales previstas se conseguirá una reducción del 8,1%.

Crecimiento económico

Contabilizando además el recorte derivado del uso de los créditos de emisión a países terceros y de las actividades de reforestación, los Veinticinco lograrán rebajar las emisiones un 10,8% en 2010.

El informe destaca que las emisiones de gases de efecto invernadero en los Quince países que formaban la UE hasta 2004 fueron un 0,9% inferiores a las registradas en 1990, y ello a pesar de que en el mismo periodo se produjo un crecimiento económico del 32%.

Ocho de los diez países que entraron en la Unión en 2004 tienen objetivos individuales para reducir sus emisiones hasta un 8%, mientras que Malta y Chipre están excluidos de los objetivos de reducción de Kioto.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, pidió a los países un esfuerzo adicional para que la UE pueda lograr su «compromiso colectivo».

«Los que no están en camino deben urgentemente acelerar los esfuerzos (...), si es necesario mediante la aplicación de otras medidas adicionales. Sólo si los planes nacionales para el segundo periodo del comercio de emisiones son suficientemente ambiciosos podremos lograr los objetivos», añadió el comisario comunitario ayer.

Ahorrar un 20 % de energía de aquí al año 2020: la Comisión Europea desvela su Plan de Acción sobre Eficiencia Energética

La Comisión Europea ha presentado hoy su Plan de Acción sobre Eficiencia Energética, como un paso decisivo para resolver los desafíos sin precedentes en materia de energía con los que se enfrenta la Unión Europea.

Bruselas, 19 de octubre de 2006


El Plan incluye un paquete de medidas prioritarias que abarcan una vasta serie de iniciativas dirigidas a ampliar de forma rentable la eficiencia energética. Entre ellas destacan las medidas para hacer que los electrodomésticos, los edificios, el transporte y la generación de energía resulten más eficientes desde el punto de vista energético. Se proponen nuevas normas de eficiencia energética más rigurosas, el fomento de servicios energéticos, y mecanismos específicos de financiación para apoyar productos de mayor eficiencia energética. La Comisión, además, establecerá un Pacto entre Alcaldes de las 20 o 30 ciudades europeas más pioneras en este ámbito y propondrá un acuerdo internacional sobre la eficiencia energética. En total, se presentan más de 75 medidas.

«Es preciso que los europeos ahorremos energía. Europa derrocha como mínimo el 20 % de la energía que consume. Ahorrando energía, Europa contribuirá a solucionar los problemas del cambio climático, además de su creciente consumo y de su dependencia de los combustibles fósiles importados de fuera de la Unión», ha afirmado el Comisario de Energía, Sr. Piebalgs. «La eficiencia energética es crucial para Europa: si actuamos ahora, el coste directo de nuestro consumo energético podría reducirse en más de 100 000 millones de euros anuales de aquí a 2020; además, podrían evitarse la emisión de cerca de 780 millones de toneladas de CO2 al año», ha añadido.

El Plan de Acción, que se pondrá en práctica durante los próximos seis años, es la respuesta al urgente llamamiento lanzado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de la primavera pasada en favor de una estrategia realista en materia de eficiencia energética. El Plan hace hincapié en la importancia de establecer unas normas mínimas de eficiencia energética para una amplia serie de aparatos y equipos (desde electrodomésticos como frigoríficos o aparatos de aire acondicionado hasta bombas y ventiladores industriales), así como para los edificios y los servicios energéticos. Conjuntamente con las clasificaciones según rendimiento y los sistemas de etiquetado, las normas mínimas de eficiencia constituyen un poderoso instrumento para eliminar del mercado los productos que consumen demasiada energía, informar a los consumidores acerca de los productos más eficientes y convertir el mercado en un mercado más eficiente desde el punto de vista energético. Se desarrollarán requisitos mínimos de eficiencia para los edificios nuevos y reformados. También se potenciarán los edificios de consumo energético muy bajo (o viviendas pasivas)

El Plan subraya el considerable potencial de reducción de pérdidas en las fases de generación, transporte y distribución de electricidad, y propone instrumentos específicos para mejorar la eficiencia de la capacidad de generación nueva y de la ya existente, así como para reducir las pérdidas por transporte y distribución.

Se propone una serie completa de medidas para la mejora de la eficiencia energética en el ámbito del transporte. El Plan reconoce que puede economizarse energía, en particular, garantizando la eficiencia en el consumo de combustible de los vehículos, desarrollando mercados para vehículos menos contaminantes, comprobando que la presión de los neumáticos es la adecuada, y mejorando la eficiencia de los sistemas de transportes urbanos, ferroviarios, marítimos y aéreos. El Plan reconoce además la importancia de cambiar el comportamiento respecto a los modos de transporte.

El Plan de Acción reclama también señales adecuadas y previsibles en materia de precios, esenciales para la mejora de la eficiencia energética y para el rendimiento económico general.

Asimismo, el Plan incluye una serie de propuestas adicionales para incrementar la sensibilización en materia de eficiencia energética, a través de la educación y la formación. Por último, el Plan pone de relieve la necesidad urgente de abordar los problemas de eficiencia energética a escala mundial, por medio de asociaciones internacionales.

El Plan de Acción sobre Eficiencia Energética, una vez aplicado en su integridad, podrá mejorar la competitividad de la Unión, elevar el nivel de vida de sus ciudadanos, impulsar el empleo e incrementar las exportaciones de tecnologías nuevas y eficientes en cuanto al consumo de energía. A nivel individual, unos pequeños cambios en nuestros patrones de consumo de energía supondrán un ahorro de dinero y la mejora del medio ambiente. Esta será nuestra aportación a nuestros objetivos europeos comunes.

Si desea obtener más información acerca del Plan de Acción, consulte la siguiente página Web:

http://ec.europa.eu/energy/action_plan_energy_efficiency/index_en.htm

MEMO/06/387

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lunes, octubre 16, 2006

La Guardia Civil combatirá el delito urbanístico con 200 agentes y empezará en Madrid, Málaga y Murcia

JORGE A. RODRÍGUEZ - Madrid
EL PAÍS - España - 16-10-2006

Cada una de las 54 comandancias contará al menos con tres agentes para investigar y luchar contra los delitos urbanísticos.

El núcleo del grupo especial tendrá una treintena de agentes y dependerá de la Unidad Central Operativa (UCO).

El instituto armado pretende que los nuevos equipos comiencen a funcionar a primeros del año próximo.

La Guardia Civil tiene a punto su plan para crear equipos especializados en la lucha contra la corrupción urbanística. El proyecto prevé la formación de un Grupo de Delitos Urbanísticos, compuesto por una treintena de agentes encuadrados en la Unidad Central Operativa (UCO), el grupo de élite del instituto armado contra la delincuencia organizada. Este núcleo central se completará con la creación en sus 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, con 170 agentes en conjunto. La previsión es que los equipos empiecen a funcionar a primeros de año de forma escalonada y que el primer escalón se establezca en tres provincias sacudidas por casos llamativos: Madrid, Murcia y Málaga.

La creación de estas unidades fue anunciada por Joan Mesquida, actual director general de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, en una entrevista a EL PAÍS, publicada el pasado mes de agosto. Mesquida, entonces sólo al frente del instituto armado, decía que consideraba la creación de estos equipos "una necesidad", dado que casos como el de Marbella transmitían a la ciudadanía la sensación de que "hay que hacerla muy gorda" para que los poderes públicos actúen.

Las investigaciones sobre casos de corrupción urbanística han sido promovidas en muchas ocasiones por ciudadanos afectados, que obtuvieron pruebas por sus propios medios. Por ello, la idea de Mesquida era crear una ventanilla, un organismo al que el ciudadano pudiera acudir para pedir que se investigue. "Quiero que en este tipo de delitos no haya sensación de impunidad. Ahora yo no me atrevería a decir que el corruptor y el corrompido estén preocupados y a mí me gustaría que se preocuparan", dijo en la entrevista.

Fiscalía Anticorrupción

Lo que era sólo una idea ya está en proyecto y diseñado sobre el papel, aunque aún puede haber cambios. El objetivo es la detección y represión de los delitos urbanísticos, así como la investigación de las tramas relacionadas con cualquier delito que afecte a la ordenación del territorio.

La Guardia Civil apenas ha tardado mes y medio en elaborar el proyecto y en presentárselo a Mesquida, aunque aún tendrá que ser sometido a retoques. Las nuevas unidades estarían a las órdenes de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio de Justicia decidió en abril la creación de 25 nuevas plazas de fiscales para combatir los delitos de corrupción urbanística. Poco antes, el 24 de marzo, fue nombrado un coordinador de medio ambiente y urbanismo dentro de la Fiscalía General del Estado. Las nuevas unidades, en principio, dependerían de estos fiscales.

La creación de los nuevos equipos, según fuentes del instituto armado, supone "un notable esfuerzo" de personal y de recursos materiales, por lo que la implantación se hará "de manera escalonada". Los agentes, además, tendrán que recibir formación en derecho urbanístico y en análisis e investigación de patrimonios personales. Las primeras unidades en tener agentes especializados en corrupción urbanística serán aquéllas ya implicadas en la investigación y lucha contra la delincuencia organizada o delitos medioambientales. Es decir, la UCO, las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de las comandancias y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

El primer paso, según el proyecto, será la creación en la UCO, dentro del Departamento de Delitos Económicos y Telemáticos, del llamado Grupo de Delitos Urbanísticos. Estará compuesto por entre 25 y 30 agentes, dirigidos por un comandante. Será el núcleo central de las nuevas unidades, con capacidad de prestar apoyo allí donde sean requeridos. Este grupo estará ubicado en Madrid.

La UCO, actualmente dirigida por el coronel Félix Hernando, ya cuenta con agentes especializados en la investigación de patrimonios y ha realizado numerosas investigaciones para vincular determinadas posesiones a determinados delincuentes y establecer que esos bienes eran fruto de la actividad delictiva del investigado.

El segundo paso será la implantación escalonada en las 54 comandancias de Equipos Especializados en Delitos Urbanísticos, dentro de las secciones de Investigación Criminal de la Policía Judicial. El proyecto prevé que en esas comandancias haya entre 160 y 170 agentes, con un mínimo de tres guardias en cada una de ellas. La previsión, aún sometida a consideración, es que los primeros equipos se creen en las provincias de Málaga, Madrid y Murcia.

Sólo en el ámbito rural

La elección, según las fuentes consultadas, se debe a que en estos tres puntos es donde más menudean las denuncias y casos de corrupción urbanística, o al menos los más conocidos. La Guardia Civil trabaja fundamentalmente en el área rural, lo que, al menos inicialmente, dejaría fuera de su competencia los casos que afectan a las grandes ciudades.

El despliegue se completaría con la creación en el Seprona de equipos de inspección, cuyo cometido será la detención y represión de los delitos o ilícitos que afecten a la ordenación territorial allí donde el desarrollo urbanístico ha experimentado un mayor crecimiento. Se denominaría Equipo de Inspección Central Medioambiental y podría contar con una decena de miembros, dependientes de la jefatura central del Seprona.

El Seprona, durante 2004, detectó más de 6.000 infracciones penales y administrativas contra la ordenación del territorio, que llevaron a la detención de 55 personas y la elaboración de 879 informes. De esas infracciones, 5.293 fueron por cuestiones relacionadas con obras y edificaciones, según la última memoria del Seprona. Un total de 82 de los casos conocidos afectaron a parques nacionales.

El 28 de julio pasado, la Guardia Civil emitió una circular a todas las unidades del Seprona para conocer todas las infracciones urbanísticas penales y administrativas, y hacer el inventario de las edificaciones ilegales levantadas en España en los últimos tres años. El objetivo es conocer "el tipo de infracciones, tanto penales como administrativas, que más se detectan y denuncian por la Guardia Civil en materia de obras, construcciones y edificaciones ilegales". La circular pedía a los agentes que realizasen "una breve descripción" de los hechos que originan el mayor número de actuaciones y de las infracciones en materia de Suelo y Urbanismo, Aguas, Costas y Vías Pecuarias, entre otras. Ese plan será una de las guías de funcionamiento de las nuevas unidades.

viernes, octubre 13, 2006

Conseguir una legislación sobre sustancias químicas (REACH) fuerte, una legislación que de verdad proteja el medio ambiente y la salud.

Estimado/a ciberactivista:

Una vez más te pedimos tú colaboración para conseguir una legislación sobre sustancias químicas (REACH) fuerte, una legislación que de verdad proteja el medio ambiente y la salud.

El 13 de noviembre de 2006 el Parlamento Europeo realizará la votación definitiva sobre la nueva legislación y este es el momento para presionar a los europarlamentarios.

Entra en:

http://www.chemicalreaction.org/index_es.html y sigue los pasos.

Envia, por favor, esta ciberacción a todos tus contactos.

Gracias por tu apoyo,

Dpto. Participación
Greenpeace España

miércoles, octubre 11, 2006

SOBRE LA GRAVÍSIMA DEGRADACIÓN DEL MEDIO NATURAL, URBANO Y PAISAJÍSTICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

AL DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
CONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.

NOMBRE: ANDRÉS MAGAÑA GARCÍA. DNI:
DOMICILIO: PARQUE REAL BL5-504. CP: 28280
LOCALIDAD EL ESCORIAL. FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2006.

Asunto: ACTUACIÓN UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚMERO 12 “UNAMUNO” (BOCM 208/2006): URBANIZACIÓN DEL MONTE ABANTOS (REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, ÁMBITO DE LA CERCA DE FELIPE II: (DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006).

Referencias: a). SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, URBANISMO (BOCM 208/2006); b). DECLARACIÓN DE TERRITORIO HISTÓRICO A FAVOR DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (ÁMBITO DE LA CERCA DE FELIPE II), DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006; c). CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, DECLARACIÓN DE "EL ESCURIAL, MONASTERIO Y SITIO, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

CONSIDERACIONES:

SOBRE LA GRAVÍSIMA DEGRADACIÓN DEL MEDIO NATURAL, URBANO Y PAISAJÍSTICO DELREAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

1. Considerando que la actual degradación del Paisaje Natural y Cultural del Territorio Histórico de la Cerca de Felipe II, recientemente declarado Bien de Interés Cultural por la Comunidad Autónoma de Madrid, ha sido denunciada:

a. Internacionalmente, por la periodista británica Catherine Adams, en el Canal Internacional de TV de la BBC (BBC World) en el reportaje "Threat to Spanish beauty spot: Ecologists say a planned development of 7,000 new homes is posing a threat to a mountain range to the north of Madrid". La BBC ha denunciado la construcción de 7000 viviendas en "Monesterio", Sitio Real de Isabel I de Castilla en el Ámbito de La Cerca de Felipe II. En la pasada legislatura, la Consejería de las Artes (actual Consejería de Cultura y Deportes), en octubre de 2003, incoo el Expediente BIC 1/2003 a favor de Monesterio en la categoría de Conjunto Histórico: el BIC 1/2003 está incorporado al Expediente BIC 1/2004 (Cerca de Felipe II, Decreto 52/2006).

b. Globalmente, en Google Video (http://video.google.es) donde se pueden ver los siguientes vídeos "Incendio en El Tomillar, El Escorial", "Real Sitio de El Escorial - Abandono y Destrucción", "Escorial Sostenible: Abantos, otro monte perdido", "Haciendo Escorial", "Gran Cerca de Felipe II, El Escorial y San Lorenzo", "Monasterio El Escorial".

c. Implícitamente, por su exclusión del Concurso Internacional para Nominación de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo por un panel de expertos presidido por el Dr. Federico Mayor Zaragoza, paradójicamente, Ex-Director de la UNESCO, cuando la Declaración de Patrimonio de la Humanidad a favor de "El Escurial, Monasterio y Sitio".

SOBRE LA DECLARACIÓN DE TERRITORIO HISTÓRICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006

2. Considerando que el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid 146/2006 (21/Junio/2006) publica el Decreto 52/2006, de 15 de junio, por el que el Consejo de Gobierno de la CAM declara Bien de Interés Cultural, en la Categoría de Territorio Histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II.

3. Considerando que en su parte dispositiva, el citado Decreto dice: "Primero Declarar Bien de Interés Cultural, en la categoría de Territorio Histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II".

4. Considerando que el Epígrafe a) Punto 4 del Anexo del citado Decreto titulado "Elementos que componen y completan el Real Sitio" dice: El Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial está, pues, constituido por un territorio histórico bien delimitado, que comprende la casi totalidad de los términos municipales de San Lorenzo de El Escorial y El Escorial, y una pequeña parte de Zarzalejo y Santa María de la Alameda,(...)" integrados en un medio ambiente muy valioso, constituido en su mayor parte por dehesas en las zonas bajas y por bosques de pinares en la falda del monte Abantos, comprendida dentro del perímetro de la Cerca".

5. Considerando que el objeto principal del citado Decreto es la delimitación del área afectada por la declaración de Patrimonio de la Humanidad de El Real Sitio de El Escorial. Así se infiere:

  1. Del Acta del Comité del Patrimonio Mundial que declara "El Escurial, Monasterio y Sitio, Patrimonio de Humanidad" y
  2. Del Epígrafe a) Punto 4 del Anexo del citado Decreto que dice: "Existe el documento denominado 'Elaboración de propuesta de delimitación del área afectada por la declaración de Patrimonio de la Humanidad de El Real Sitio de El Escorial' realizado por el Instituto Juan de Herrera en noviembre de 2003"."
  3. De la incorporación al Expediente BIC 1/2004 (Decreto 52/2006) de los Expedientes BIC 1/2003 (Monesterio, Real Sitio de Isabel I de Castilla, Conjunto Histórico). BIC 2/2003 (El Campillo, Real Sitio de Enrique IV de Trastamara, Conjunto Histórico) y BIC 3/2003 (La Granjilla de La Fresneda, Real Sitio de Felipe II, Territorio Histórico). Así se infiere cuando en el Punto 4 del Anexo del citado Decreto dice "Por tanto, en el territorio objeto de esta declaración existen los elementos o ámbitos declarados o incoados en su momento como Bien de Interés Cultural ya mencionados anteriormente y que debemos entender como complementarios o subsumidos en esta Declaración."

6. Considerando que implícitamente el Decreto 52/2006 declara el Ámbito de La Cerca de Felipe II Bien de Dominio Público Inalienable e Imprescriptible: Según el Artículo 132.1 de la Constitución, la Ley regulará el Régimen Jurídico de los Bienes de Dominio Público y de los Bienes Comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad e imprescriptibilidad (...)"

7. Considerando que en el Ámbito de La Cerca de Felipe II concurren competencias del Estado, de la Comunidad Autónoma de Madrid y de los Ayuntamientos de El Escorial y de San Lorenzo de El Escorial.

8. Considerando que, no obstante lo anterior, en lo concerniente al urbanismo, el Decreto 52/2006 establece determinadas limitaciones a los Ayuntamientos de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. Así se infiere del Anexo del Decreto:

  1. El epígrafe 2 del Anexo del Decreto 52/2006 dice: "La protección, ordenación y conservación del Bien de Interés Cultural así como del entorno del mismo se llevará a cabo mediante Planes Directores y Planes Especiales, de acuerdo con los artículos 27, 28, 29 y 32 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
  2. El epígrafe 3. Párrafo 3.1 del Anexo del Decreto 52/2006 dice. Objetivos de la actuación. La actuación sobre este Bien de Interés Cultural se encaminará a garantizar su conservación, acrecentar el conocimiento sobre el Bien, potenciar sus valores históricos y culturales o fomentar su difusión, sin que ello suponga un menoscabo de la garantía de su conservación.
  3. El epígrafe 3. Párrafo 3.2.1 del Anexo del Decreto 52/2006 dice. Requisitos previos a las actuaciones comunes al Territorio Histórico y a su entorno de protección: Cualquier actuación en este bien de interés cultural requerirá siempre la presentación de un proyecto técnico que deberá ser autorizado por la Dirección General de Patrimonio Histórico, con carácter previo a su ejecución.
  4. El epígrafe 3. Párrafo 3.2.2 del Anexo del Decreto 52/2006 dice: (....) Las actuaciones que afecten a una gran parte del Territorio y de su entorno requerirán la realización de planes especiales, planes de actuaciones o planes directores que se fundamenten en investigaciones científicas, técnicas e históricas del bien, así como que unifiquen criterios y den continuidad a las intervenciones. Estos documentos serán aprobados por la Dirección General de Patrimonio Histórico. Los proyectos de actuación irán suscritos por técnico competente y los informes o estudios en los que se base deberán ser emitidos por profesionales de las correspondientes disciplinas, habilitados para ello. La dirección y realización de las actuaciones deberán encomendarse a profesionales adecuadamente cualificados por su titulación general y especializada. Cuando la actuación lo requiriera, participarán en la misma equipos multidisciplinares, cuyas conclusiones serán tenidas en cuenta para establecer los criterios y la metodología del trabajo a realizar.
  5. El epígrafe 3.3.2 El Entorno del Anexo del Decreto 52/2006 dice: (...) No obstante lo anterior, será conveniente redactar un Plan Especial de Protección de carácter supramunicipal que, siguiendo las determinaciones y orientaciones que la legislación en materia de patrimonio histórico marca para los Bienes de Interés Cultural, estudie la ordenación, los usos, o las actividades desde una perspectiva integral. Las consejerías competentes en materia de patrimonio, ordenación del territorio, medio ambiente y las corporaciones locales establecerán mecanismos de colaboración para promover la protección, conservación de los elementos y recursos culturales, así como la difusión y promoción de sus valores culturales.

9. Considerando que la Constitución de 1978 otorga competencias al Estado sobre el Patrimonio Histórico Español: Artículos 149.1.28, 132, 128.1, 46,

10. Considerando que la Constitución otorga a las Comunidades Autónomas competencias respecto al Patrimonio Monumental que sea de su interés: Artículo 148.1.16.

11. Considerando que en virtud del Artículo 5 de la Constitución, que declara Madrid Capital del Estado, la Comunidad de Madrid es depositaria, como reconoce implícitamente el Decreto 52/2006, del Legado Histórico de la Corona. En el del Ámbito de La Cerca de Felipe II (Cerca del Bosque Real de El Escorial –Carlos III) coexisten múltiples Reales Sitios: Real Monasterio de San Lorenzo El Real (Palacio de los Austrias y Palacio de los Borbones), Real Sitio de La Granjilla de La Fresneda (Casa de SM, Reales Estanques de Felipe II, Jardín de la Reina, Peña de Felipe II), Casita del Infante, Casita del Príncipe, etc.

SOBRE LA DECLARACIÓN DE TERRITORIO HISTÓRICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL Y LA CONVENCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, CULTURAL Y NATURAL (UNESCO)

12. Considerando que España ha ratificado la Convención del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

13. Considerando que los garantes del cumplimento de la Convención del Patrimonio Mundial son, actualmente, SM El Rey Don Juan Carlos en su calidad de Jefe del Estado Español (Artículo 56.1 de la Constitución) y Don José Luis Rodriguez Zapatero en su calidad de Jefe del Gobierno.

14. Considerando que el Decreto 52/2006 ampara la protección de los valores paisajísticos, naturales y culturales de los municipios de El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. Así se infiere del Párrafo 3.3.2 del Anexo del Decreto 52/2006 que dice:

  1. "El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las actuaciones en el entorno de protección de este bien de interés cultural no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. (...)"
  2. " (...) En este sentido, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama (PORN), deberá incluir todo el territorio del Bien así como el de su entorno, que goza de la misma protección, dado que actualmente se encuentra solo afectado parcialmente (...)".

15. Considerando que en virtud de la protección del medio natural y de los componentes paisajísticos y culturales que garantiza el Decreto 52/2006 y de la Convención del Patrimonio Mundial, el Gobierno Español puede solicitar al Comité del Patrimonio Mundial la declaración de Patrimonio de la Humanidad a favor del Ámbito Territorial de la Cerca de Felipe II.

16. Considerando que el Territorio Histórico de La Cerca de Felipe II está incluido en el Plan de Ordenación de Recursos del Parque Sierra de Guadarrama, el Gobierno Español podría pedir que el Territorio Histórico de la Cerca de Felipe II fuese declarado Reserva Mundial de la Biosfera.

17. Considerando que El Territorio Histórico de la Cerca de Felipe II (cuencas del Alberche, del Aulencia y del Guadarrama es la interfase natural entre la Sierra de Gredos y la Sierra de Guadarrama. La declaración de Reserva Mundial de la Biosfera a favor del Territorio Histórico de La Cerca de Felipe II contribuiría:

18. A la conservación de la Biodiversidad de las Cuencas del Duero y del Tajo

19. A la recuperación del Lince Ibérico, Águila Imperial, Cigüeña Negra y otras especies amenazadas de peligro de extinción en la Península Ibérica; es decir en España y Portugal.

ALEGACIONES:

Que, presuntamente, LA UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚMERO 12 “UNAMUNO”, (BOCM 208/2006): URBANIZACIÓN, EN UNA COTA MUY ELEVADA, DE LAS LADERAS DEL MONTE ABANTOS ES INCOMPATIBLE CON LA DECLARACIÓN DE TERRITORIO HISTÓRICO DEL REAL SITIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, ÁMBITO DE LA CERCA DE FELIPE II: (DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006).

PETICIÓNES

1. Que en virtud del DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006 (21 de Junio 2006) se cancele LA UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚMERO 12 “UNAMUNO”, Cañada Real Leonesa.

2. Que en virtud del DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006 (21 de Junio 2006) se recupere el trazado original de la Cañada Real Leonesa.

3. Que en virtud del DECRETO 52/2006 CAM –BOCM 146/2006 (21 de Junio 2006) se declare una moratoria urbanística en las laderas del Monte Abantos.


Firmado,

Andrés Magaña García.