LEYES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE: julio 2006

Publicada la LEY AARHUS

Hoy día 19 ha sido publicada la ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta ley supone un importante avance al reconocer a todos los ciudadanos el derecho a acceder a la información que se halle en poder de cualquier administración pública o privada y que tenga trascendencia para el medio ambiente.

Entre otras importantes novedades esta ley regula en sus artículos 22 y 23 la acción popular en materia ambiental y la posibilidad de que las asociaciones con fines ambientales constituidas con más de dos años de antiguedad puedan acceder a la justicia, haciendo uso, incluso, del beneficio de justicia gratuita. Ello permitirá, sin duda, que los tribunales puedan llegar a conocer sobre multitud de infracciones y delitos ambientales y urbanísticos que hasta ahora quedaban impunes por la falta de medios de estas asociaciones para poder costear los pleitos necesarios para denunciarlos.

El enlace para acceder al texto de la ley es el siguiente:

http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27109-27123.pdf

Laura Díaz

Con esta nueva Ley se adecúa la legislación española al Convenio internacional de Aarhus de 1998

Aprobada la Ley que garantiza el acceso a la información, a la participación pública y a la justicia ambiental

Miércoles, 5 de Julio de 2006
DESAROLLOINTELIGENTE.ORG, Redacción

Sesión de participación ciudadana

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de junio la Ley por la que se regulan los derechos a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Ello supone un avance significativo de nuestro sistema democrático, ya que reducirá la indefensión de los ciudadanos ante decisiones que afectan al medio ambiente y, por tanto, a su salud y a su calidad de vida.

Con este nuevo texto legal se adecúa la legislación española al Convenio de Aarhus, que obliga a los Estados firmantes -entre ellos España- a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de acceso a la información ambiental, así como a la justicia en esta materia.

El Convenio, firmado en la ciudad de Aarhus en 1998, entró en vigor en octubre de 2001 y tiene consecuencias relevantes en las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades públicas, favoreciendo la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible, más participativo y más democrático.

En materia de acceso a la información, la Ley reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas con mayor exigencia en cuanto al plazo y al contenido de la respuesta respecto a la legislación vigente. Impone asimismo la obligación de las administraciones públicas de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos, sin necesidad de que les sea requerida.