ALANA y Entorno Escorial presentan sus alegaciones al Plan Especial de Montencinar

El Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Montencinar continúa suscitando críticas, en este caso por parte de Entorno Escorial y la Asociación de Vecinos de Los Arroyos y Navalquejigo (ALANA), que han presentado diferentes alegaciones al proyecto.

Estos colectivos coinciden en pedir un uso público para la zona del Castillo, contemplar el desvío de la línea de alta tensión Altos del Sil, utilizar materiales permeables en la pavimentación de aceras y calzadas y reclamar la inclusión de alguna referencia a la Cerca Histórica de Felipe II. Igualmente, ambas asociaciones demandan la protección de la ribera del río Guadarrama y consideran que los contenedores soterrados no son convenientes.

En este sentido, ALANA cree que sería deseable mejorar el actual servicio de recogida de basura y proyectar en la zona un centro de compostaje de residuos vegetales. En cuanto a las comunicaciones, Entorno Escorial pide la creación de carriles bici, mientras que ALANA explica que cualquier actuación debe pasar por respetar el carácter residencial, de modo que los vehículos no puedan circular a más de 30 kilómetros por hora. Esto evitará, a su juicio, que el eje principal se utilice “como variante para comunicar la carretera M-510 con la M-505, solucionando así uno de los muchos problemas que ahora mismo tiene nuestro barrio”.

Por otra parte, Entorno Escorial se muestra en contra de aumentar la edificabilidad en las parcelas de 2.000 metros cuadrados, así como del proyecto de reparcelación en el Montecillo de San Ignacio, ya que “disminuir el tamaño de las parcelas supone una importante agresión ambiental, al poder verse afectadas gran número de encinas”.

En cuanto al coste del proyecto, ALANA considera que está “sobredimensionado” y es “inasumible” por los vecinos, haciendo hincapié en la necesidad de establecer convenios con las compañías suministradoras de telefonía, energía eléctrica y agua, “al objeto de que sean ellas las que asuman los costes que por estos servicios se establecen en el PERI”.

En este sentido, este colectivo recuerda que los vecinos “cuentan ya con sus correspondientes contratos”, por lo que pide que se anulen las partidas destinadas a telefonía (1,4 millones de euros), energía eléctrica (5,2 millones) y abastecimiento y distribución de agua (4,2 millones). Finalmente, la asociación indica que debe concretarse cuál va a ser la participación económica del Ayuntamiento en el proyecto de urbanización.