Huelga general contra la especulación urbanística

Cuevas del Becerro se paraliza para exigir a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto de 800 chalés

Los vecinos temen que la urbanización afecte al acuífero del que se abastece el pueblo

f. J. pérez, Málaga

Cuevas del Becerro organi­zó ayer, con éxito, la prime­ra huelga general contra la especulación urbanística en España. Los tres bares y restaurantes de esta loca­lidad, de 1.853 habitantes y a 90 kilómetros de Mála­ga, cerraron todo el día. Lo mismo sucedió con la escuela de primaria, el consultorio médi­co, la gasolinera y la herrería; y los viajeros que ayer quisieron com­prar sus típicos quesos de cabra en las tiendas del pueblo tendrán que volver en mejor ocasión. A la hora de comer, Cuevas era un pueblo fantasma.

Los convocantes del paro¿ enca­bezados por la alcaldesa, Isabel Te­resa Rosado (IU), reclaman a la Junta de Andalucía que detenga un proyecto urbanístico que prevé 800 chalés de lujo con parcelas de 4.500 metros cuadrados, dos cam­pos de golf y dos hoteles en el para­je de Los Merinos Norte, del veci­no municipio de Ronda y que ac­tualmente no dispone de agua. La urbanización se levantará sobre el acuífero que abastece a Cuevas y a otros dos municipios, Arriate y Se-tenü, que suman unos 10.000 habi­tantes. "La especulación amenaza el acuífero", alerta la Plataforma Cueveña en Defensa del Agua.

La Cuenca Mediterránea An­daluza —antigua Confederación Hidrográfica del Sur— denegó al proyecto urbanístico una conce­sión para captar agua del acuífero, que se encuentra ya sobreexplota-do. "A pesar de todo, se están ha­ciendo perforaciones, aunque han parado un poco al ver las moviliza­ciones. Pero si continúan ponen en peligro tanto el abastecimiento urbano como la calidad de las aguas subterráneas", denuncia la regidora.


"No es que nos quiten el agua, sino que además van a mear en lo alto del acuífero", describe en cla­ra prosa Diego Ramírez, vecino de Cuevas. Miguel Ángel Carrillo, abogado de Ecologistas en Ac­ción, lo explica más científicamen­te: "La composición de los terre­nos, de roca caliza, hace que las aguas fecales de la urbanización se filtren hacia el acuífero y lo conta­minen".

Los promotores de Los Meri­nos negaron ayer que su discutido proyecto vaya a causar daños en el enorme pozo subterráneo. "El 27 de julio, el Ayuntamiento de Ronda aprobó el convenio que garanti­za que los campos de golf se rega­rán con el agua reciclada proceden­te de la depuradora de Ronda, y el suministro humano se realizará desde la red general de abasteci­miento de esta ciudad", señalan fuentes de la empresa.

En Cuevas del Becerro no lo tienen tan claro. La estación depu­radora de aguas residuales de Ron­da, con cuyas aguas se regarán su­puestamente los campos de golf, aún no está terminada. "Además, el hecho de que Los Meri­nos esté a nueve kilóme­tros del núcleo urbano de Ronda hace muy complica­do llevar el agua hasta allí, porque habría que salvar grandes desniveles, expro­piar fincas particulares e instalar estaciones de bom­beo", afirma Carrillo. El único momento en que hu­bo cierto movimiento ayer en Cue­vas del Becerro fue a mediodía. Unas 650 personas, muchas de ellas con banderas y pañuelos azul celeste, recorrieron el camino que separa el Ayuntamiento del paraje deíNacimiento, un rebosadero del acuífero, en el que se abastece el pueblo, y al que hasta 1959 se iba a buscar agua y a lavar la ropa.

Los manifestantes corearon gri­tos de apoyo a la alcaldesa, que esta semana ha sido denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción por falsedad documental, prevari­cación y malversación por una re­cién creada Asociación para la De­fensa y Legalidad Urbanística y Medioambiental, bajo la cual apa­rece un promotor urbanístico de Ronda. "Es una campaña de aco­so impresentable", afirma Teresa Rosado.

El pasado mes de septiembre, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía impugnó ante el juez la aprobación que el Ayuntamiento de Ronda, goberna­do por el andalucista Antonio Ma­rín Lara, dio al proyecto de Los Merinos y pidió su suspensión cau­telar. Según el Gobierno autóno­mo, los promotores no se ajustan a los condicionantes medioam­bientales, que les impiden urbani­zar más del 25% de la finca. Los ecologistas denuncian que el com­plejo se comerá más del 60% y el encinar mejor conservado de la provincia de Málaga.