CEMENTO SIN AGUA
El desarrollo urbanístico español es ajeno a la falta de recursos hídricos. Muchos compradores se llevan la sorpresa de que en la casa de veraneo recién adquirida no hay agua
La disponibilidad de agua no ha sido hasta la fecha un obstáculo para el desarrollo urbanístico en el litoral español. Ninguna fórmula eficaz resuelve el incremento del consumo de agua potable cuando un municipio de 3.000 habitantes hace frente a una población que en verano alcanza las 10.000 personas. Ni tampoco se presta la debida atención a la hora de construir. Las promotoras inmobiliarias han puesto en marcha obras sin reparar en dónde y cómo van a proveer de agua los apartamentos. Para sorpresa de los futuros inquilinos, quienes, al accionar los grifos, se quedan compuestos, y sin el líquido elemento, en el pisito de sus sueños. Al fin y al cabo, lo suponían un suministro básico y no sospechaban que la sequía endémica que azota al país -los embalses españoles asoman barro al 54,4% de su capacidad- les aguaría la fiesta sin que nadie les hubiera prevenido en el momento de comprar.
Tal cual sucedió en Xixona, Alicante, que se encuentra en emergencia desde 1998 por la falta de recursos hídricos. En la misma localidad donde se fabrica el turrón, el Ayuntamiento aprobó un Plan de Actuación Integral de 2.300 viviendas en la zona conocida como El Vergeret sin tener garantizado el abastecimiento de agua potable. La empresa promotora, obligada a resolver el entuerto una vez puesta la última piedra y descubierto el fallo, pidió al vecino consistorio de Mutxamel una autorización para realizar una conducción hídrica de uso agrícola y utilizar así el agua embalsada de un pantano cercano. Las casas se abastecerían entonces con agua que en un principio estaba destinada a riegos. Y cuidado con derrochar. Si la media de consumo en España por habitante y día es de 250 litros, en Xixona han aprendido a moderar las coladas porque reciben 90.
Fiebre residencial
Menos en el País Vasco, «la única región costera que escapa a la fiebre del turismo residencial», según califica la organización ecologista Greenpeace, la situación de Xixona se reproduce en casi todo el Mediterráneo -norte de Castellón, Murcia, Almería, sobre todo-, provincias andaluzas y también parte de la comunidad de Madrid. «No hay agua para las 450.000 viviendas previstas en medio centenar de municipios situados entre Castellón y Almería», advierten en las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura.
Esta última ha calculado que en el año 2015 tendrá que atender el abastecimiento extra de un millón y medio de residencias. De modo que, para empezar, ha rogado a los responsables locales que traten de ahorrar «un 10%» en el consumo para poder abastecer a todos, avanza Manuel Aldeguer, el comisario de aguas del Segura. Estudiados 34 expedientes de desarrollos urbanísticos de Madrid en el último semestre, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha rechazado, por su parte, dieciséis que no justificaron la procedencia de sus recursos hídricos, correspondientes a trece municipios. Entre otros, afectaba a cuatro urbanizaciones de lujo en Boadilla del Monte -a la que denominan «la versión madrileña de Marbella»-, a una más en Torrejón de la Calzada y a otra en el complejo residencial de Sevilla la Nueva.
Sed de golf
Tampoco se salvan del monopolio del ladrillo comunidades de temperaturas menos tórridas como Cantabria, la tercera que con más intensidad urbanizó su primer kilómetro de costa entre los años 1990 y 2000, tras Valencia y las islas Baleares, según reflejan los datos del Instituto Geográfico, actualizados en marzo de 2006. O como Asturias, donde los campos de golf -suelen incluirse en los planes urbanísticos como «equipamiento deportivo»- pueden apurar las reservas de agua, por cuantiosas que éstas sean.
La Ley de Costas de 1988 estableció una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar en la que está prohibida la construcción de viviendas y una segunda franja de 500 metros, donde todos los ayuntamientos «deberían controlar el desarrollo turístico». «La estrategia -se ofrecen a aclarar en una promotora- consiste en utilizar la franja costera para el campo de golf, donde por ley está prohibido construir viviendas, y levantar chalés y hoteles de lujo en una segunda línea. La tercera franja, la más alejada de la costa y la menos conflictiva legalmente, se ocupará con edificios de apartamentos».
Pero en Asturias llueve mucho más que en el Mediterráneo, dirán algunos. Verdad, pero puede que no lo suficiente. Un campo de golf como el de Lloreda, de dieciocho hoyos, asociado a un restaurante y a un hotel de lujo, «necesita para vivir un millón de litros diarios en una jornada de riego normal, lo mismo que 7.692 hogares asturianos». Las cifras las da la Empresa Municipal de Aguas. El riego en este tipo de instalaciones debe ser diario. En primavera, para el asentamiento del césped. En verano, para combatir la sequía. En otoño, para preparar la siembra. Y en invierno, para contrarrestar el efecto de las heladas.
Aunque el golf no tiene por qué ocupar siempre el banquillo de los acusados en lo que a gasto hídrico se refiere. Da ejemplo el campo de Quijorna, en Madrid, el primero «ecológico» de España, cuya hierba necesita ser regada entre diez y veinte veces menos que una ordinaria. «Tenemos una filosofía de uso responsable del agua», explica Paco López, de 48 años, presidente del club. «El campo precisa unos 100 metros cúbicos por año. O sea, lo que se consume en un hogar», resume.
«Poner sensatez»
Con objeto de «poner sensatez en el urbanismo del litoral», el Ministerio de Medio Ambiente ha incluido en la futura Ley del Suelo la obligación de elaborar un informe sobre los recursos de agua de las zonas en las que se proyecten viviendas de veraneo y en aquellos terrenos que se pretenda recalificar. «Se va a evaluar y clarificar qué uso se hace de las reservas subterráneas o si es necesario plantear una desalinizadora para garantizar el abastecimiento», justifica el director general del Agua, Jaime Palop. El estudio, cuya elaboración ya contemplaba en su día una modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), tendrá carácter preceptivo, no vinculante, y se integrará en el análisis del impacto ambiental del proyecto.
Es decir, si se construye y luego no hay agua, al comprador sólo le quedará ir contra el promotor o el ayuntamiento, porque la cartera que dirige Cristina Narbona en ningún momento acreditó la disponibilidad de agua y, por ello, no se hará responsable. Al no tener competencias urbanísticas, Medio Ambiente no podrá paralizar las obras. No obstante, cabe la posicilidad de que los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado impugnen por la vía del contencioso-administrativo los proyectos inmobiliarios que no dispongan de este análisis preliminar. De modo que las promotoras inmobiliarias deberán pronosticar los nubarrones de antemano. Algunas ya incluyen en sus proyectos la construcción de depuradoras y desaladoras para garantizar el suministro... a partir de agua marina. Pero, al fin y al cabo, agua que da vida y que nutre al cemento.
La disponibilidad de agua no ha sido hasta la fecha un obstáculo para el desarrollo urbanístico en el litoral español. Ninguna fórmula eficaz resuelve el incremento del consumo de agua potable cuando un municipio de 3.000 habitantes hace frente a una población que en verano alcanza las 10.000 personas. Ni tampoco se presta la debida atención a la hora de construir. Las promotoras inmobiliarias han puesto en marcha obras sin reparar en dónde y cómo van a proveer de agua los apartamentos. Para sorpresa de los futuros inquilinos, quienes, al accionar los grifos, se quedan compuestos, y sin el líquido elemento, en el pisito de sus sueños. Al fin y al cabo, lo suponían un suministro básico y no sospechaban que la sequía endémica que azota al país -los embalses españoles asoman barro al 54,4% de su capacidad- les aguaría la fiesta sin que nadie les hubiera prevenido en el momento de comprar.
Tal cual sucedió en Xixona, Alicante, que se encuentra en emergencia desde 1998 por la falta de recursos hídricos. En la misma localidad donde se fabrica el turrón, el Ayuntamiento aprobó un Plan de Actuación Integral de 2.300 viviendas en la zona conocida como El Vergeret sin tener garantizado el abastecimiento de agua potable. La empresa promotora, obligada a resolver el entuerto una vez puesta la última piedra y descubierto el fallo, pidió al vecino consistorio de Mutxamel una autorización para realizar una conducción hídrica de uso agrícola y utilizar así el agua embalsada de un pantano cercano. Las casas se abastecerían entonces con agua que en un principio estaba destinada a riegos. Y cuidado con derrochar. Si la media de consumo en España por habitante y día es de 250 litros, en Xixona han aprendido a moderar las coladas porque reciben 90.
Fiebre residencial
Menos en el País Vasco, «la única región costera que escapa a la fiebre del turismo residencial», según califica la organización ecologista Greenpeace, la situación de Xixona se reproduce en casi todo el Mediterráneo -norte de Castellón, Murcia, Almería, sobre todo-, provincias andaluzas y también parte de la comunidad de Madrid. «No hay agua para las 450.000 viviendas previstas en medio centenar de municipios situados entre Castellón y Almería», advierten en las confederaciones hidrográficas del Júcar y del Segura.
Esta última ha calculado que en el año 2015 tendrá que atender el abastecimiento extra de un millón y medio de residencias. De modo que, para empezar, ha rogado a los responsables locales que traten de ahorrar «un 10%» en el consumo para poder abastecer a todos, avanza Manuel Aldeguer, el comisario de aguas del Segura. Estudiados 34 expedientes de desarrollos urbanísticos de Madrid en el último semestre, la Confederación Hidrográfica del Tajo ha rechazado, por su parte, dieciséis que no justificaron la procedencia de sus recursos hídricos, correspondientes a trece municipios. Entre otros, afectaba a cuatro urbanizaciones de lujo en Boadilla del Monte -a la que denominan «la versión madrileña de Marbella»-, a una más en Torrejón de la Calzada y a otra en el complejo residencial de Sevilla la Nueva.
Sed de golf
Tampoco se salvan del monopolio del ladrillo comunidades de temperaturas menos tórridas como Cantabria, la tercera que con más intensidad urbanizó su primer kilómetro de costa entre los años 1990 y 2000, tras Valencia y las islas Baleares, según reflejan los datos del Instituto Geográfico, actualizados en marzo de 2006. O como Asturias, donde los campos de golf -suelen incluirse en los planes urbanísticos como «equipamiento deportivo»- pueden apurar las reservas de agua, por cuantiosas que éstas sean.
La Ley de Costas de 1988 estableció una servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar en la que está prohibida la construcción de viviendas y una segunda franja de 500 metros, donde todos los ayuntamientos «deberían controlar el desarrollo turístico». «La estrategia -se ofrecen a aclarar en una promotora- consiste en utilizar la franja costera para el campo de golf, donde por ley está prohibido construir viviendas, y levantar chalés y hoteles de lujo en una segunda línea. La tercera franja, la más alejada de la costa y la menos conflictiva legalmente, se ocupará con edificios de apartamentos».
Pero en Asturias llueve mucho más que en el Mediterráneo, dirán algunos. Verdad, pero puede que no lo suficiente. Un campo de golf como el de Lloreda, de dieciocho hoyos, asociado a un restaurante y a un hotel de lujo, «necesita para vivir un millón de litros diarios en una jornada de riego normal, lo mismo que 7.692 hogares asturianos». Las cifras las da la Empresa Municipal de Aguas. El riego en este tipo de instalaciones debe ser diario. En primavera, para el asentamiento del césped. En verano, para combatir la sequía. En otoño, para preparar la siembra. Y en invierno, para contrarrestar el efecto de las heladas.
Aunque el golf no tiene por qué ocupar siempre el banquillo de los acusados en lo que a gasto hídrico se refiere. Da ejemplo el campo de Quijorna, en Madrid, el primero «ecológico» de España, cuya hierba necesita ser regada entre diez y veinte veces menos que una ordinaria. «Tenemos una filosofía de uso responsable del agua», explica Paco López, de 48 años, presidente del club. «El campo precisa unos 100 metros cúbicos por año. O sea, lo que se consume en un hogar», resume.
«Poner sensatez»
Con objeto de «poner sensatez en el urbanismo del litoral», el Ministerio de Medio Ambiente ha incluido en la futura Ley del Suelo la obligación de elaborar un informe sobre los recursos de agua de las zonas en las que se proyecten viviendas de veraneo y en aquellos terrenos que se pretenda recalificar. «Se va a evaluar y clarificar qué uso se hace de las reservas subterráneas o si es necesario plantear una desalinizadora para garantizar el abastecimiento», justifica el director general del Agua, Jaime Palop. El estudio, cuya elaboración ya contemplaba en su día una modificación del Plan Hidrológico Nacional (PHN), tendrá carácter preceptivo, no vinculante, y se integrará en el análisis del impacto ambiental del proyecto.
Es decir, si se construye y luego no hay agua, al comprador sólo le quedará ir contra el promotor o el ayuntamiento, porque la cartera que dirige Cristina Narbona en ningún momento acreditó la disponibilidad de agua y, por ello, no se hará responsable. Al no tener competencias urbanísticas, Medio Ambiente no podrá paralizar las obras. No obstante, cabe la posicilidad de que los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado impugnen por la vía del contencioso-administrativo los proyectos inmobiliarios que no dispongan de este análisis preliminar. De modo que las promotoras inmobiliarias deberán pronosticar los nubarrones de antemano. Algunas ya incluyen en sus proyectos la construcción de depuradoras y desaladoras para garantizar el suministro... a partir de agua marina. Pero, al fin y al cabo, agua que da vida y que nutre al cemento.
posted by Unknown at 11:16 a. m.
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