Sufrirnos un atraco que se llevará nuestra riqueza a bancos, promotores y corruptos

EL PAÍS, viernes 27 de octubre de 2006.

Los escándalos urbanísticos

RAFAEL MÉNDEZ, Madrid

Manuel Villoría (Madrid, 1957), catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Car­los, coordina la sección española del estudio sobre corrupción que cada año hace la ONG Transpa­rencia Internacional. Villoría ase­gura que la corrupción es una consecuencia del sistema de urba­nismo, en el que "una decisión administrativa genera millona­rios beneficios privados".

Pregunta. Prolifera la corrup­ción urbanística.

Respuesta. Sí. Es una tragedia pero es bueno que se haga públi­co. No es un problema de Marbella, que no es un caso aislado, sino de todo el sistema.

P. ¿Por qué?

R. Porque España es el único país en el que la decisión adminis­trativa de recalificar un suelo ge­nera plusvalías millonarias que van al dueño del suelo. Y es el único país en que la urbaniza­ción la hacen promotores priva­dos. En otros países se expropia un terreno rústico por lo que va­le y la Administración encarga la urbanización.

P. ¿Cree que habría que expro­piar un terreno por poco dinero y encargar a la constructora que levante los pisos?

R. Exactamente. La clave del sistema español y lo que ha propi­ciado esta situación es que los propietarios del terreno reciben la plusvalía de una decisión admi­nistrativa, cuando los beneficios deberían ser compartidos. Una decisión pública no puede gene­rar enormes beneficios privados.

P. ¿Por qué no se hace?

R. Por que el sistema está mal diseñado desde el principio. Las plusvalías son del dueño del sue­lo porque en el siglo XIX el Go­bierno pactó con los terratenien­tes que ellos ganarían dinero. Ahora, como una decisión admi­nistrativa genera millones de be­neficios aparece la corrupción.

P. ¿Qué opina de los conve­nios urbanísticos, en los que un ayuntamiento recalifica un suelo a cambio de dinero?

R. Son un nido de corrup­ción. No es sólo que alteren un plan de ordenación urbana dise­ñado para toda la ciudad. Es que sólo con decidir que la cantidad que cobra el ayuntamiento se re­cibirá un año más tarde supone millones de euros. Son consecuen­cia de la nefasta jurisprudencia del Tribunal Supremo, que acep­tó los convenios en los 60.

P. ¿Está tan extendida la co­rrupción?

R. Ya hay redes estables de co­rrupción que saltan de un lugar a

otro, con informadores, y gente que se mueve hasta que contac­tan con un concejal o alguien que conoce el sitio. Juan Antonio Ro­ca [presunto cerebro de la trama de Marbella] venía de Murcia y allí sus socios controlan el suelo. La corrupción es sistémica.

P. ¿Y la Justicia?

R. El sistema judicial no sirve contra la corrupción. Oigo a polí­ticos decir que se tiene que apli­car la ley. Si ya se aplica, pero con 15 años de retraso, como en Mar-bella. Convendría modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal "Una decisión pública, una recalificación, no debería generar enormes beneficios privados" y el Código Penal para estos deli­tos. Aplicar la ley no es eficaz y hay que tomar medidas radicales.

P. ¿Por ejemplo?

R. Los concejales entregan su declaración de bienes e intereses al secretario municipal, un funcio­nario que no va a investigar y que lo guarda en una caja. Así los ciu­dadanos no saben cuáles son sus bienes y sus intereses. Pero tampoco Hacienda. Si Hacienda mirase los bienes de esos alcaldes y conce­jales saldrían 5.000 o 6.000 casos, a investigar.

P. ¿Y los bancos que finan­cian las obras, los notarios que dan fe en las compraventas, el Gobierno, que construye las in­fraestructuras donde las necesi­tan los promotores?

R. Todo el sistema contribu­ye. Los españoles hemos sufrido un atraco brutal durante 15 años que se llevará un tercio de nues­tra riqueza durante los próximos 15 hacia los bancos, los dueños del suelo, los especuladores, los promotores y los corruptos. Sin contar con el coste ambiental, de pérdida dé calidad de vida, la pér­dida del paisaje...

P. Dice que las recalificacio­nes masivas y la urbanización a destajo son malas, pero si un al­calde de la costa hiciera lo contra­rio, perdería las elecciones.

R. Es cierto. En Valencia, don­de el naranjo ya no es rentable, hay una presión enorme por ur­banizar. Los agricultores quieren que les recalifiquen. Eso supone enriquecimiento a corto plazo y empobrecimiento en unos años.

P. En su informe dice que hay partidos políticos que son una pantalla de los promotores.

R. El ejemplo más claro es el GIL pero hay más. No es fácil de mostrar la relación, pero basta ver los partidos independientes que han proliferado en la costa y en zonas con presión urbanística y cu­yo fin es gestionar el urbanismo.

P. Los casos de corrupción sa­len ahora, pero en la calle era evidente.

R. La gente sabía que su alcal­de o ex alcalde había alimentado su patrimonio o que negociaba con un promotor Sin embargo creo que los políticos de alto ni­vel no eran tan conscientes. El otro día estuve con Jordi Sevilla y creo que desconocía el nivel de corrupción que está aflorando. Y eso que es ministro de Adminis­traciones Públicas y de Castellón.