El PP apoya una operación urbanística que permite ganar 100 millones al Valencia CF

Los escándalos urbanísticos

El pleno del Ayuntamiento de Valencia, que gobierna Rita Barbera, del PP, debate hoy una de las operaciones urbanísticas de mayor calado de los últimos años. El plan permitirá al Valencia Club de Fútbol construir un nuevo estadio en una parcela que se privatiza e ingresar más de 300 millones de euros por el aprovechamiento inmobiliario que surgirá tras el derribo del campo de Mestalla. La doble recalificación urbanística, que hoy iniciará su exposición al público para alegaciones, enfrenta al PP con la oposición de socialistas y EU-L'Entesa, que denuncian que el pacto entre el Valencia CF y el Ayuntamiento prima los intereses del club. Los vecinos del futuro estadio alertan del aumento del tráfico y el ruido.


EL PAÍS, viernes 27 de octubre de 2006

SARA VELERT, Valencia.

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia y la oposición lo habían avisado. La ampliación del Estadio de Mestalla no era legal y la justicia la invalidaría. Así fue. En octubre de 2002 el Tribunal Superior de Justicia anuló la modificación del plan general que permitió al Valencia CF, en 1998, ganar localidades y marcó la salida de una carrera de fondo por construir un nuevo recinto para la entidad deportiva más influyente de la Comunidad Valenciana. El club necesitaba otro estadio y el Ayuntamiento, dirigido por Rita Barbera (PP), haría lo posible por conseguírselo. Y así ha sido.

El gobierno local de Barbera apoyará hoy con sus votos, los de la mayoría, un paso decisivo hacia ese objetivo. El pleno prevé aprobar la exposición pública de los planes de una doble operación urbanística de gran calado pactada con el presidente del Valencia CF, Juan Soler: la recalificación del solar de Mestalla, donde el club logra edificabilidad para construir 750 viviendas y un gran área comercial, y la privatización de una parcela pública en la avenida de las Cortes Valencianas para alojar el nuevo campo, que el equipo espera estrenar en 2009.

La operación, denuncian el grupo de EU-L'Entesa y asociaciones vecinales, es un traje a la medida del accionista mayoritario del Valencia, una sociedad anónima. Otro más, porque la Generalitat, también del PP, intervino para culminar lo que el propio Soler bautizó como "pelotazo urbanístico" en Riba-roja, donde se levantará la nueva ciudad deportiva del Valencia CF junto a 2.700 viviendas.

"Absoluta tranquilidad"

Los socialistas también se oponen al plan. Los populares rechazan de plano un supuesto trato de favor; al contrario, afrontan la recta final del proyecto "con una absoluta tranquilidad y serenidad" de que cumple la legalidad urbanística. Tras la votación de hoy, el plan saldrá a información pública para la presentación de alegaciones.

¿La recalificación de Mestalla, tal como sale a exposición pública, se ajusta a los intereses generales? No, responden socialistas y EU-L'Entesa, que consideran que se han puesto por delante los del club deportivo. Soler no ha ocultado que los ingresos inmobiliarios que aportará la venta de la parcela de Mestalla como suelo residencial son sustanciosos, y superan los 300 millones de euros que algún consejero eufórico y otras fuentes del club han elevado incluso por encima de los 500. El nuevo estadio costará 200 millones de euros, con lo que el Valencia ganaría un mínimo de 100 millones con la operación —aunque ayer el club elevó el coste del futuro recinto—.

Un negocio redondo cuyos números se han cuadrado "a martillazos", asegura el portavoz socialista, Rafael Rubio, que ha presenta do un recurso contencioso-administrativo contra el pacto del Ayuntamiento con Soler. El Valencia pretendía una edificabilidad de 90.000 metros cuadrados de techo y el Ayuntamiento le concede 89.380,44. La parcela que ocupa Mestalla ronda los 31.000 metros cuadrados de superficie, por lo que le correspondían, desde una perspectiva estricta, 55.800 metros cuadrados de edificabilidad al recalificar. Los socialistas hubieran considerado aceptable partir de esa cifra, pero el PP ha consensuado con el Valencia CF un ámbito de actuación urbanística que incluye las calles adyacentes al estadio y edificaciones consolidadas.

El gobierno local defiende que es necesario reordenar esta macro-parcela, en la que se redistribuyen una zona verde y equipamientos —la mayoría en suelo público—, y de la que resultan los metros cuadrados de aprovechamiento residencial y terciario apetecidos por Soler. Unas 3.000 personas vivirán en nueve torres de 16 alturas. El club ha diseñado un área comercial de 13.471 metros cuadrados que puede casi triplicarse con entreplantas. En el subsuelo, se ofertarán 1.600 aparcamientos. Del desarrollo de la urbanización se hará cargo el Ayuntamiento, pero la actuación se retrasará hasta 2009, cuando el Valencia CF estrene estadio en el suelo de Cortes Valencianas que también se recalifica para su uso exclusivo (69.571,13 metros).

Soler no tendrá que esperar mucho para hacer caja: en cuanto la Generalitat apruebe definitivamente el plan de Mestalla, el promotor podrá vender al mejor postor el suelo con sus derechos de edificabilidad. El beneficio empresarial está calculado. ¿Y qué ganan los ciudadanos? Nada, aseguran vecinos que compraron sus pisos junto a un solar reservado a dotación pública que ocupará el club. De nuevo un estadio en la ciudad, más tráfico, más ruido, auguran. Además, el Ayuntamiento renuncia a un suelo público en zona urbana que será sustituido mediante parcelas por definir. "¿Acaso no es un beneficio para la ciudad el disponer cuando lo necesite de un estadio sin que le haya costado un céntimo?", se pregunta el teniente de alcalde, Alfonso Grau. Hoy defenderá que Valencia gana, al igual que Soler, que ayer se reunió con los dirigentes socialistas para defender su aportación a las dotaciones públicas en Mestalla —más un polideportivo gratis— y una edificabilidad que considera le toca. El partido aún no ha terminado.


El propietario del club da otro 'pelotazo' con la ciudad deportiva

EL PAÍS. Valencia La operación de Mestalla está ligada a otro polémico proyecto urbanístico, en este caso en Riba-roja, a 20 kilómetros al oeste de la capital, donde el Va¬lencia CF adquirió terreno para su nueva ciudad deportiva. Pero el proyecto del club no se limita a la instalación deportiva, sino que lleva aparejado un Programa de Actuación Integrada (PAI) que prevé la construcción de 2.700 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados de suelo agrícola. Todo ello en unos terrenos que Juan Soler, presidente y accionista mayoritario del club, compró por 36 millones y que poco después, el año pasado, vendió al grupo inmobiliario Nozar por 168 millones, una operación en la que un directivo del club liga¬do a la promotora actuó de mediador. El propio Soler reconoció que la operación fue "un pelotazo": ganó 130 millones.

El PAI salío adelante gracias a un pacto a tres bandas entre el anterior consejero de Territorio, Rafael Blasco, el pro¬pio Soler y el alcalde de Riba-roja y presidente del PP de la comarca del Camp de Túria, Francisco Tarazona. Y no sin polémica. Los grupos ecologis¬tas denunciaron el expolio del valle de Porxinos. El plan recibió cientos de alegaciones y se aprobó con el informe negativo de la Confederación del Júcar por falta de agua.

Presumir de 'pelotazo'

Al presentar el acuerdo, el 25 de abril de 2005, Blasco defendió el PAI e intentó matizar la sinceridad de Soler, que había presumido abiertamente del "pelotazo". "En Riba-roja no se ha dado ningún pelotazo. Esto nunca será consentido por la Generalitat", dijo.

Los socialistas acusaron a Blasco y al alcalde de propiciar un acuerdo ilegal y de engañar a los ciudadanos. Y recientemente han presentado una querella contra el primer edil de Riba-roja y dos sobrinos suyos, también concejales, por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del PAI: el Ayuntamiento vendió su parte del aprovechamiento urbanístico a Soler y no destinó el dinero al patrimonio público de suelo. Además, familiares del alcalde compraron suelo en la zona de expansión del plan de Porxinos y en puntos antes de la aprobación de los proyectos. Durante la tramitación del plan salió a la luz que la madre del alcalde Tarazona era titular de cuatro parcelas en el ámbito del PAI, lo que obligó al alcalde a desgajarlas de la operación. Ello no impidió que votara a favor de la aprobación.