Decenas de municipios se han gastado ya los anticipos por recalificaciones vetadas por los poderes públicos

Paradojas de la vida. La fiebre urbanística que recorre España amenaza con hacer un roto a las arcas de muchos municipios. ¿La causa? Decenas de ayuntamientos de todo el país se han gastado ya -total o parcialmente- los cuantiosos anticipos abonados por los promotores inmobiliarios a cuenta de futuras recalificaciones de suelo.


@Carlos Sánchez
Lunes, 13 de noviembre de 2006

El hecho de que un municipio se gaste los anticipos no sería nada extraordinario si no fuera por una circunstancia. En muchos casos, la revisión del Plan General o la elaboración de un plan parcial han sido paralizados -o, incluso, vetados- por parte de los poderes públicos: comunidades autónomas o tribunales de Justicia.

Quiere decir esto que los ayuntamientos no podrán hacer frente en un futuro próximo a los convenios urbanísticos suscritos con los promotores inmobiliarios, quienes en aras de conseguir la reclasificación de determinados terrenos habían adelantado sustanciosas contraprestaciones de carácter económico. El problema es más grave, si cabe, teniendo en cuenta que el asunto puede acabar en los tribunales, toda vez que los firmantes pueden reclamar indemnizaciones por incumplimiento de contrato.

No se trata de un asunto menor. Según fuentes solventes, tan sólo en la Comunidad de Madrid “al menos dos docenas de ayuntamientos” han ingresado ya en las arcas municipales anticipos a cuenta, “y en un buen número de ellos el dinero ya se ha gastado”, sin que por medio haya sido aprobado de forma definitiva el nuevo planeamiento urbanístico. En el caso de la Comunidad de Madrid hay que tener en cuenta que Esperanza Aguirre ha declarado de facto una moratoria en la aprobación de nuevas recalificaciones, sobre todo aquellas que están rodeadas de alguna polémica.

Precisamente, y para evitar la proliferación de pagos a cuenta por parte de promotores inmobiliarios, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente la prohibición de ejecutar los convenios urbanísticos (acuerdos entre el municipio y los propietarios del suelo) hasta que la revisión del plan no haya sido aprobada con carácter definitivo.

Dinero bajo el brazo

Lo que ha pasado en los últimos años es muy simple. Algunos promotores han acudido a los ayuntamientos con un convenio urbanístico bajo el brazo, ofreciendo a los alcaldes dinero o pago en especie a cambio de promover determinadas recalificaciones. Como el procedimiento administrativo es largo -en algunos casos la redacción de un nuevo planeamiento urbanístico puede durar 8 ó 10 años- lo que han hecho los promotores es anticipar el pago de ciertas cantidades o, incluso, costear la construcción de determinados equipamientos sociales o deportivos con el objetivo de que el alcalde de turno pueda mostrar a sus vecinos los éxitos de su gestión.

Un ejemplo de esto ya fue adelantado por El Confidencial el pasado 30 de junio (ver noticia). En Castellar de la Frontera (Cádiz) la recalificación de terrenos tenía un precio. Exactamente los 1,88 millones de euros que pagó el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, más conocido como Sandokán, al ayuntamiento gaditano por la recalificación de dos grandes fincas con una superficie total de 896 hectáreas.

El convenio se firmó el 12 de agosto de 2005, y lo más paradójico es que el municipio -cuyo regidor es el socialista Francisco Vaca García- cedió a Arenal 2000 -la empresa de Sandokán- la elaboración de “los estudios y proyectos urbanísticos necesarios para obtener la modificación del planeamiento vigente”. Es decir, que la propia empresa beneficiada por el cambio de uso de los terrenos (una decisión política del ayuntamiento) es la encargada de reformar el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado, precisamente, por el propio consistorio.

El caso de Castellar no es más que una muestra. En Colmenar de Oreja (Madrid) el consistorio aprobó la recalificación de una finca para instalar allí una central térmica de Endesa. El municipio cobró más de un millón de euros en concepto de anticipo, pero la realidad ha sido cruel con el consistorio. La Comunidad de Madrid no ha autorizado la construcción de la instalación eléctrica.

Lo sucedido tan sólo pone de relieve cómo los promotores impulsan la ejecución de determinados planeamientos urbanísticos que de otra manera no hubieran podido salir adelante debido a las insuficiencias presupuestarias municipales. Y eso que en algunas comunidades autónomas existen líneas de crédito especiales para que los ayuntamientos puedan financiar la elaboración de nuevos planes de ordenación urbana.